Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 6 de Enero de 2013.
La Ley 10/2012 de 20 de noviembre, de Tasas Judiciales; una nueva medida que adopta el Gobierno, en este caso el Ministerio de Justicia, y contra la que se está protestando masivamente por Jueces, Fiscales, funcionarios de justicia, abogados, procuradores y un buen número de personas que, conocedoras de lo que conlleva, entienden que con la misma, se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.
De forma resumida, supone la obligación de pago de unas “tasas” (a mayores de la minuta del abogado y del procurador), por cada uno de los procedimientos judiciales que a partir de ahora se inicien.
