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Derecho de nuestros mayores a una vivienda digna

Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 14 de Octubre de 2017.

En nuestra Comunidad Autónoma, así como en el resto de España, la longevidad aumenta y por ello el colectivo de personas mayores (englobándose en este colectivo y como edad referencial, a los mayores de 65 años), y que de forma inevitable conlleva en muchos casos la aparición de ciertas dolencias y consecuentes disfuncionalidades, además de en multitud de ocasiones también la soledad (pautas de comportamiento consecuencia de la jubilación). Un gran número de este colectivo pasa a una situación de cierto enclaustramiento en su vida consecuencia entre otras, de la existencia de barreras arquitectónicas en los inmuebles en los que tienen su residencia. Y es que si bien es cierto que en los años de nuestra juventud no tenemos ningún recelo en cambiar de vivienda por cualquier circunstancia que nos interese, también es cierto que cuando llegamos a determinadas edades ese cambio nos cuesta mucho más, y no sólo por cuestiones económicas, si no más bien por el sentimiento que nos produce el abandonar el inmueble en el que hemos desarrollado nuestra vida y en el que hemos sentido como nuestro hogar de siempre.

Cuando alquilamos o compramos una vivienda en nuestra época joven o de relativa edad, no nos preocupa el número de escaleras en la entrada del portal, o el ancho de los accesos comunes e incluso pasillos particulares, incluso la falta de ascensor si ello se ve compensado con otras particularidades que nos gustan en la vivienda, ni tantas otras cosas. Pero llegada cierta edad, todas esas cuestiones se vuelven en contra, pues en muchas ocasiones como hemos dicho, nuestro físico no nos permite tanta libertad de movimiento como para vencer esas “barreras” fácilmente salvables antes. Y la situación se agrava cuando no es posible la atención permanente por tercera persona, sea familiar o no, con o sin prestación económica. Llegados a este punto no cabe más que, aún en contra de nuestra voluntad, pensar en el traslado de domicilio, o incluso en el ingreso (voluntario u obligado por las circunstancias) en una residencia de la tercera edad.

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Es ante estas claras y notorias situaciones, cuando debemos acudir al amparo que nuestra Constitución nos brinda, la cual en su art. 50 establece los principios que deben informar las actuaciones de los poderes públicos, entre los que se menciona el fomento del bienestar mediante un sistema de servicios sociales, entre los que se cita expresamente el de la vivienda. Reconoce el art. 47 de la Constitución el disfrute de la vivienda como un bien básico, y exige que ésta debe ser digna y adecuada. En Galicia tenemos la reglamentación oportuna con la Ley 8/1997, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, así como el Decreto 35/2000 que aprueba su Reglamento de Desarrollo y Ejecución.


CONSULTA:  

Como consecuencia de mi edad tengo que utilizar por necesidad silla de ruedas, y vivo en un piso alto de un edificio sin ascensor, ¿puedo solicitar a la Comunidad de propietarios la instalación de un dispositivo adecuado a mi estado?

Hasta el Junio de 2013, la instalación de ascensores en comunidades de propietarios, requería el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que además representaran las 3/5 partes de las cuotas de participación.

Desde junio de 2013, con las modificaciones introducidas en la Ley de Propiedad Horizontal, la instalación de ascensores en una comunidad de propietarios solo requiere el voto favorable de la mayoría de propietarios que a su vez represente la mayoría de cuotas de participación. Así, el artículo 17.2 LPH, dice: “… la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación”.

No obstante, conforme el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, la instalación del ascensor tendrá carácter obligatorio por la solicitud de los propietarios y sin acuerdo previo de la Junta de Propietarios siempre que “el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.


NOTA LATERAL.-

La Maternidad en términos judiciales.

Una Sentencia de un Juzgado de Instrucción de Madrid establece que una abuela deberá ser indemnizada por la muerte del nieto al que crió, con los mismos criterios de valoración a todos los efectos como si se hubiese tratado de su madre. Se acreditó que esta abuela había cuidado a su nieto desde que este nació con la misma dedicación y formas que lo hubiese hecho su madre, la cual había fallecido por una sobredosis. Habiendo fallecido el nieto en accidente de moto por culpa de un tercero, y sentado lo anterior, el Juzgador entiende que las indemnizaciones no se pueden conceder como si fuese una tabla de multiplicar fija, y que debe haber cierto margen de maniobra en casos extremos como el enjuiciado (de los que hay pocos).
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