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Necesidad de utilizar ascensor a ciertas edades

Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 9 de Junio de 2014.

Cuando alquilamos o compramos una vivienda en nuestra época joven o de relativa edad, no nos preocupa el número de escaleras en la entrada del portal, o el ancho de los accesos comunes e incluso pasillos particulares, incluso la falta de ascensor si ello se ve compensado con otras particularidades que nos gustan en la vivienda, ni tantas otras cosas. Pero llegada cierta edad, todas esas cuestiones se vuelven en contra, pues en muchas ocasiones como hemos dicho, nuestro físico no nos permite tanta libertad de movimiento como para vencer esas “barreras” fácilmente salvables antes.

Como consecuencia de lo antes dicho, resulta que hoy suele ser frecuente la necesidad de instalar un ascensor en algunos edificios carentes del mismo, pero también en ocasiones resulta difícil por la oposición que plantean algunos propietarios de las comunidades que no lo necesitan.

Hasta el Junio de 2013, la instalación de ascensores en comunidades de propietarios, como servicio de interés general, requería el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que además representaran las 3/5 partes de las cuotas de participación.

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Desde junio de 2013, con las modificaciones introducidas en la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley 8/2013, la instalación de ascensores en una comunidad de propietarios solo requiere el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez represente la mayoría de cuotas de participación. Así, el artículo 17.2 LPH, dice: “… la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación”.

No obstante, conforme el artículo 10.1b) de la Ley de Propiedad Horizontal, la instalación del ascensor tendrá carácter obligatorio por la solicitud de los propietarios y sin acuerdo previo de la Junta de Propietarios siempre que “el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”, no eliminando el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.


CONSULTA:  

Algunos vecinos de un edificio, necesitamos instalar un ascensor, al tener cierta edad y dificultades para acceder a las viviendas; otros se oponen por ser necesario ocupar un metro de su vivienda para colocar el ascensor.  ¿Podemos pedir la instalación, a pesar de necesitar ese metro de vivienda privada?

Sí pueden aprobar su instalación. Sería de aplicación el art. 17.2 de LPH en relación con el 10.1b) aludidos en el artículo anterior de esta página.

Se necesitará “el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos…”

Sí que es posible solicitar la ocupación del metro que se necesita de la vivienda de algún propietario, al haber jurisprudencia favorable al respecto. La sentencia del TS Sala 1ª de 10 octubre 2011 -EDJ 2011/242199- ha fijado como doctrina jurisprudencial que la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado como de interés general, permite la constitución de una servidumbre con el oportuno resarcimiento de daños y perjuicios, incluso cuando suponga la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías legales para la adopción del acuerdo, sin que resulte preceptivo el consentimiento del copropietario afectado y que el gravamen impuesto no suponga una pérdida sustancial de habitabilidad de su espacio privativo.

En definitiva, a la vista de la citada jurisprudencia, puede obligarse a los propietaria que se oponen, a que ceda ese metro necesario de sus viviendas, valorando los mismos e indemnizándolos.


NOTA LATERAL:

Sanción a una residencia de la tercera edad por vulnerar la Ley de Protección de Datos,  al dar a una farmacia una lista con datos de residentes.

El Tribunal Supremo confirma la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos a una residencia de ancianos por facilitar a una farmacia un listado con datos personales de los residentes, tales como sus DNI, nombres y cuentas bancarias. El TS ratifica la multa de 300.506 euros a la residencia.

Según los hechos, tras una inspección en la farmacia, el titular de la misma reconoció que la residencia de ancianos le facilitó un listado con una relación de sus clientes. El objetivo era que la farmacia cargara en la cuenta de los residentes aquellos productos solicitados por la residencia que no estuvieran cubiertos por la Seguridad Social.
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