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Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 4 de Febrero de 2018.


La implicación de los abuelos en la vida de las familias es, cada vez más, un factor clave no solo en el aseguramiento del sostenimiento económico de estas en muchas ocasiones, si no también y sobre todo en la gran ayuda que estos pueden prestar en la educación de los nietos. Al mismo tiempo, y no podía ser de otro modo, los abuelos también se benefician con esa alegría y disfrute constante que les proporciona el poder mantener una buena relación con sus nietos.

El “hacerse mayor” no es solo una variable biológica o cronológica, si no que también es un momento de la vida que nos acarrea grandes cambios (unos dolorosos, como la pérdida del cónyuge, o de familiares y amigos; y otros alegres, como la llegada de los nietos). Por ello y dependiendo de cómo se afronte esa nueva etapa de la vida, esta puede suponer una gran crisis, o por el contrario una oportunidad de vivir nuevas experiencias y relaciones (me voy a referir a “la jubilación” y a la llegada de “los nietos”).

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Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 14 de Octubre de 2017.

En nuestra Comunidad Autónoma, así como en el resto de España, la longevidad aumenta y por ello el colectivo de personas mayores (englobándose en este colectivo y como edad referencial, a los mayores de 65 años), y que de forma inevitable conlleva en muchos casos la aparición de ciertas dolencias y consecuentes disfuncionalidades, además de en multitud de ocasiones también la soledad (pautas de comportamiento consecuencia de la jubilación). Un gran número de este colectivo pasa a una situación de cierto enclaustramiento en su vida consecuencia entre otras, de la existencia de barreras arquitectónicas en los inmuebles en los que tienen su residencia. Y es que si bien es cierto que en los años de nuestra juventud no tenemos ningún recelo en cambiar de vivienda por cualquier circunstancia que nos interese, también es cierto que cuando llegamos a determinadas edades ese cambio nos cuesta mucho más, y no sólo por cuestiones económicas, si no más bien por el sentimiento que nos produce el abandonar el inmueble en el que hemos desarrollado nuestra vida y en el que hemos sentido como nuestro hogar de siempre.

Cuando alquilamos o compramos una vivienda en nuestra época joven o de relativa edad, no nos preocupa el número de escaleras en la entrada del portal, o el ancho de los accesos comunes e incluso pasillos particulares, incluso la falta de ascensor si ello se ve compensado con otras particularidades que nos gustan en la vivienda, ni tantas otras cosas. Pero llegada cierta edad, todas esas cuestiones se vuelven en contra, pues en muchas ocasiones como hemos dicho, nuestro físico no nos permite tanta libertad de movimiento como para vencer esas “barreras” fácilmente salvables antes. Y la situación se agrava cuando no es posible la atención permanente por tercera persona, sea familiar o no, con o sin prestación económica. Llegados a este punto no cabe más que, aún en contra de nuestra voluntad, pensar en el traslado de domicilio, o incluso en el ingreso (voluntario u obligado por las circunstancias) en una residencia de la tercera edad.

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Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 15 de Diciembre de 2015.

Resulta frecuente el escuchar entre cónyuges, decir que han hecho “testamento de uno para otro”, y más aún cuando algún hijo de uno de esos cónyuges fallecido, viene diciendo que “ahora todo es del otro cónyuge hasta que fallezca, porque habían hecho testamento de uno para otro”. Es decir, vienen entendiendo que con ese testamento, cuando uno fallece, el otro “se queda con toda los bienes y herencia del que ha fallecido”.  Pues bien, se trata de una creencia errónea el entender o pensar que en aplicación de ese tipo de testamento, los bienes de la herencia pasan a ser propiedad del cónyuge viudo;  incluso se llega a afirmar que es así puesto que el matrimonio estaba en régimen de sociedad de gananciales, y por lo tanto al existir bienes en común, sería lógico y de  justicia que los bienes continuaran siendo propiedad del cónyuge sobreviviente.

La realidad es otra. Nuestra legislación vigente establece límites a la posibilidad de transmitir por vía de herencia la totalidad de los bienes al cónyuge viudo; y ello porque se fija y regula la prioridad de los herederos forzosos, entre el que también se encontrará el/la esposo/a, pero por detrás en orden de prelación de los hijos y de los progenitores.

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Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 9 de Junio de 2014.

Cuando alquilamos o compramos una vivienda en nuestra época joven o de relativa edad, no nos preocupa el número de escaleras en la entrada del portal, o el ancho de los accesos comunes e incluso pasillos particulares, incluso la falta de ascensor si ello se ve compensado con otras particularidades que nos gustan en la vivienda, ni tantas otras cosas. Pero llegada cierta edad, todas esas cuestiones se vuelven en contra, pues en muchas ocasiones como hemos dicho, nuestro físico no nos permite tanta libertad de movimiento como para vencer esas “barreras” fácilmente salvables antes.

Como consecuencia de lo antes dicho, resulta que hoy suele ser frecuente la necesidad de instalar un ascensor en algunos edificios carentes del mismo, pero también en ocasiones resulta difícil por la oposición que plantean algunos propietarios de las comunidades que no lo necesitan.

Hasta el Junio de 2013, la instalación de ascensores en comunidades de propietarios, como servicio de interés general, requería el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que además representaran las 3/5 partes de las cuotas de participación.

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Artículo de Ramón Pérez Nóvoa publicado en el suplemento Gente Mayor de el periódico La Región el día 6 de Enero de 2013.

La Ley 10/2012 de 20 de noviembre, de Tasas Judiciales; una nueva medida que adopta el Gobierno, en este caso el Ministerio de Justicia, y contra la que se está protestando masivamente por Jueces, Fiscales, funcionarios de justicia, abogados, procuradores y un buen número de personas que, conocedoras de lo que conlleva, entienden que con la misma, se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía.

De forma resumida, supone la obligación de pago de unas “tasas” (a mayores de la minuta del abogado y del procurador),  por cada uno de los procedimientos judiciales que a partir de ahora se inicien.

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